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Estas conclusiones nacen de la legitimidad de las personalidades que han participado (La Defensora del Pueblo, deportistas, asociaciones de deportistas, juristas, periodistas), que lo han hecho desde el comprometido de sus palabras, así como de la legitimidad de sus trayectorias deportivas y profesionales.  A modo de conclusión y como exponente programático se puede afirmar el impulso de un movimiento liderado por las organizaciones y mujeres deportistas en todas las esferas del espacio deportivo de nuestro país.

DECÁLOGO

1. Expresar con inequívoca firmeza la existencia de un marco jurídico que se ha quedado obsoleto, y que cuya permanencia está propiciando una discriminación de derecho de la mujer deportista: ausencia de convenios colectivos, ausencia de regulación desde el ámbito del derecho deportivo cláusulas de suspensión en temas tan específicos como, por ejemplo, el embarazo, inexistencia de ligas profesionales, cotización seguridad social, falta de regulación contractual que produce la precariedad laboral más absoluta.

2. Propuesta de un nuevo marco normativo, que contemple, si se trata de una norma nueva, la existencia de un capítulo específico del deporte femenino profesional: que defina tipo de competición, la regulación laboral, conciliación vida familiar, entre otros, etc

3. Propiciar Acuerdos específicos con las Federaciones para impulsar la formación de técnicas, entrenadoras, árbitras y gestoras deportivas con el objetivo de crear una masa activa en el ámbito del deporte de nuestro país. 

4. Marco de financiación del deporte femenino destinado a las organizaciones representativas de las asociaciones de deportistas y de mujeres deportistas, con programas específicos, evitando una tutela intervencionista del Gobierno Central, no entendible de hecho y de derecho por cuanto en España existe una representación legítima y representativa de las deportistas. Esto es, establecer un plan de idoneidad de medidas destinadas de verdad a las demandas de las deportistas.

5. Cumplimiento de las iniciativas parlamentarias aprobadas en las Cortes y asumidas por el Gobierno Central de apoyo a los eventos femeninos en las televisiones públicas del país, y que no se cumplen, a pesar del mandato de las Cortes Generales.

6. Diseño de la carrera de la mujer deportista, con programas específicos, apoyados por las asociaciones que las representan para consolidar, por un lado, su carrera como deportista; y, por otro lado, la incorporación al mundo laboral de las mismas. 

7. Establecer un marco regulatorio, por parte del Gobierno Central, que contemple la figura del deportista profesional hombre y mujer y, apostando en ese diseño del marco regulatorio en las asociaciones de deportistas, como interlocutores claves, para definir que es un deportista profesional, que a los efectos es aquel que entrena habitualmente siete u ocho horas diarias y dedica entre doce a quince años de su vida al deporte, en cuerpo y alma. Y no tiene ningún tipo de remuneración como ejerciente de una actividad que ocupa toda una jornada laboral.

8. Ratificar la importancia de organizaciones como el Comité Olímpico Español, como el verdadero motor del deporte y del deportista en nuestro país, en un desarrollo de modelo de deporte, centrado en este tipo de instituciones, cercanas a la realidad de países de nuestro entorno. Frente a modelos caducos de intervencionismo político.

9. Conceptuar y valorar administrativamente el tiempo que los deportistas han dedicado a su deporte, con importantes éxitos deportivos. Y calificar esa experiencia con un reconocimiento oficial que implique una certificación de cara a su incorporación al mundo laboral.

10. Solucionar la precariedad en la que están inmersa muchos deportistas en relación a su nula cobertura de cotización seguridad social de cara a su incorporación al ámbito laboral.

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